Este primer caso se realizó justo un mes después de que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, reglamentara la "Ley de Muerte Digna" y la publicación de sus protocolos, por parte del Ministerio de Salud. La ley había sido aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado, convirtiendo a Uruguay en el primer país de la región en legalizar la muerte asistida bajo ciertas condiciones.

La ley se dirige a "Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida".

El protocolo establece que es el paciente quien debe solicitar el procedimiento a un médico, que tiene hasta tres días para expedirse. Un segundo médico, internista o especialista, da también su opinión y si ambos concuerdan en que se cumplen los requisitos, el procedimiento continúa. Caso contrario, una junta médica evalúa el caso y toma la decisión final.

El procedimiento se realiza mediante medicamentos especificados en el protocolo y el paciente puede revertir su decisión en cualquier momento del proceso, sin dar explicaciones.

"Un día muy importante para el país"

Federico Preve, uno de los diputados de la izquierda gobernante que impulsó la norma, afirmó ante la prensa que se trata de "un día simbólico muy importante para el país".

"Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones", dijo el diputado.

Ley pionera en Sudamérica

La ley fue fuertemente cuestionada por la Iglesia Católica, pero la institución no goza del peso que tiene que en otros países latinoamericanos. País laico y faro en la región en materia de legislación de derechos, Uruguay sumó con la eutanasia una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

Además de Uruguay, la eutanasia es legal en otros diez países del mundo: España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, Cuba, Colombia y Ecuador. Estos dos últimos, han despenalizado la muerte asistida mediante fallos judiciales.